El diario Sacramento Bee publica un interesante artículo sobre el efecto determinante que las pérdidas millonarias de ingresos causadas por las políticas de ahorro han tenido sobre la decisión de relajar las exigencias de ahorro de agua implantadas durante los últimos años en California. El ahorro de agua ha supuesto unas pérdidas millonarias debido a la disminución de la venta de agua por parte de las compañías abastecedoras.

No han sido las generosas lluvias de primavera, que ha llenado los embalses del norte del estado, las causantes de que las entidades suministradoras de agua urbana hayan rechazado con tanta fuerza las restricciones aplicables durante 2016. La proliferación de parterres marrones y la adopción de duchas más breves han ocasionado millones de dólares en pérdidas de ingresos desde sus abonados. A medida que el consumo de agua se derrumbaba, debido a las restricciones implantadas en todo el estado durante el verano de 2015, muchas entidades abastecedoras tuvieron que esforzarse para sufragar sus costes operativos. Un menor consumo de agua significó un menor importe del recibo mensual de agua, lo que para muchas entidades significó un desequilibrio relativo de sus costes operativos, tales como los salarios, la restitución de la deuda y el mantenimiento de las tuberías y las estaciones de potabilización. En palabras de un representante del sector “hemos de pagar todo eso, tanto si suministramos una gota de agua como si suministramos un millón de gotas de agua”.

Los objetivos del programa de ahorro anual del estado, publicado en junio de 2015, exigieron que las entidades de todo el estado alcanzaran una reducción media de su consumo de agua de un 25 % con respecto al de 2013. En la región de Sacramento, donde las entidades suministradoras tuvieron que aplicar una reducción de al menos un 28 %, el impacto financiero fue muy significativo, amplificado además por el ahorro que los abonados empezaron a hacer antes incluso de que se publicaran las restricciones estatales.

La Agencia Regional del Agua de Sacramento declaró unas pérdidas entre sus entidades, debidas al ahorro entre enero y septiembre de 2015, que alcanzaron los 25 millones de dólares, una reducción del 12 % de sus ingresos. Se entiende perfectamente que las potenciales consecuencias financieras del ahorro formaron parte de los debates celebrados en enero de 2016 sobre la posibilidad de prolongar la orden obligatoria de ahorro hasta octubre de 2016. Un análisis de la situación, solicitado por el Consejo estatal de control de los recursos hídricos, estimo que, si las restricciones se prolongaban hasta el otoño, las entidades abastecedoras urbanas perderían 673 millones de dólares de sus ingresos por abastecimiento de agua. Al termino de los debates, el Consejo optó por liberar los objetivos de ahorro durante el primer semestre de 2016, lo que ha significado que, en junio de 2016, los abastecedores han establecido sus propios objetivos, dependiendo de la solidez de sus fuentes de abastecimiento de agua. Los grupos ambientalistas protestan diciendo que las presiones financieras han influido de manera desproporcionada en las decisiones del Consejo.

En palabras de un representante del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, “estamos viendo que el deseo de vender más agua sobrepasa el deseo de ahorrar y hacer lo que es mejor para los contribuyentes. Quieren recuperar los ingresos que han perdido durante el periodo de ahorro obligatorio”.

Por su parte, los responsables de las entidades abastecedoras manifiestan que sus preocupaciones financieras no fueron las razones principales de su descontento ante las restricciones impuestas. La respuesta típica que muchos de ellos ofrecen es: “nuestra mayor preocupación, por la que presionamos para volver a las condiciones iniciales, está relacionada con nuestro deseo de ejercer un control local de las fuentes locales de agua”. Los gestores de estas entidades no niegan que las normativas sobre la sequía les hayan causado muchos dolores de cabeza. Las entidades locales han reducido los costes, adoptado sobrecargas por sequía, subido las tarifas o recurrido a las reservas para equilibrar gastos e ingresos. Para complicar un poco más el asunto, han tenido que hacer frente a la presión de los abonados que se rebelan ante la percepción de que están siendo castigados con tarifas mayores por haber sido obedientes y haber ahorrado agua.

Las leyes californianas otorgan a los abonados un poder sustancial a través de la Proposición 218, una norma aprobada por referéndum en 1996 que impide a los municipios adoptar unas tarifas que excedan el coste de proporcionarles el servicio. Las protecciones incorporadas en esta iniciativa han complicado los esfuerzos de varias entidades abastecedoras a la hora de ajustar sus escalas de tarifas como respuesta a la sequía.

La población de Roseville es un ejemplo emblemático. En esta población, los abonados han de sufragar unos gastos fijos como parte de su recibo mensual. La otra parte de los gastos incluidos en el recibo está basada en el volumen de agua realmente consumido. Hace años, la ciudad aprobó un sobrecoste del 15 % sobre la porción del recibo relativa al agua consumida, en el caso de que se registrara una sequía. El sobrecoste entró en vigor en junio de 2014. Un año después, el estado ordenó a la entidad suministradora que adoptara un objetivo del 28 % de ahorro de agua. Incluso con el sobrecoste adoptado, la entidad experimentó a una reducción de ingresos de 1,6 millones de dólares, haciendo que se planteara colmar esa diferencia mediante una subida de las tarifas para los mayores consumidores de agua. El plan hubo de abandonarse bruscamente en abril de 2015, después de que un tribunal de apelación declaró inconstitucional un sistema de tarifas con cuatro niveles que se había implantado en San Juan Capistrano, mediante el que se intensificaba la tarifa de los mayores tramos de consumo. En una decisión unánime, el tribunal de apelación declaró que el método de tarificación adoptado por la ciudad violaba la Proposición 218. De acuerdo con esta legislación, las entidades pueden adoptar tarifas progresivas, pero sólo si pueden demostrar que los tramos tarifarios superiores reflejan el coste de llevar hasta el grifo del consumidor ese volumen de agua más caro, con el que satisfacer los mayores niveles de consumo. Según los responsables del sector, esta normativa ha hecho que las tarifas progresivas sean una medida poco efectiva para promover el ahorro, especialmente en poblaciones como Roseville, donde las fuentes de recursos están relativamente próximas y son suficientemente baratas para sus abonados.

Todo parece indicar que el aumento progresivo de los consumos está reduciendo el desequilibrio presupuestario de las entidades abastecedoras y en consecuencia la necesidad de plantearse subidas de tarifas, lo que a su vez aporta tranquilidad tarifaria a los abonados. Cabe plantearse si la experiencia de estos 5 años de sequía servirá para perfeccionar el sistema tarifario y la forma en que eso se hará para gestionar nuevos episodios de sequía, tanto como continuación o intensificación de la actual o como en nuevos episodios que puedan plantearse en el futuro.