Un reciente artículo publicado en el diario Sacramento Bee describe la intención del Presidente de los EEUU de recortar las normativas medioambientales vigentes en California, con objeto de que las explotaciones agrícolas tengan prioridad en las concesiones de agua, con respecto a los medios acuáticos naturales. El pasado 19 de octubre, el gobierno federal anunció su intención de reducir el conjunto de reglamentaciones ambientales que rigen el abastecimiento de agua en el Delta y la mayor parte de California, con objeto de aumentar las entregas de agua a sus aliados políticos en el Valle de San Joaquín.
Durante un reciente acto público en Arizona, el President Trump informó que había firmado un memorándum en el que daba instrucciones a sus subordinados para que revisasen un amplio paquete de normativas ambientales y “eliminasen todas las restricciones innecesarias”. El memorándum presidencial suscitó una reacción inmediata entre los responsables políticos californianos, que han venido oponiéndose al gobierno federal en numerosos frentes, manifestando que el abastecimiento de agua puede coexistir con los objetivos ambientales. En palabras de la portavoz de la Natural Resources Agency, “podemos y debemos hacer ambas cosas, sin sacrificar una en beneficio de la otra. Confiamos poder seguir trabajando con el gobierno federal para alcanzar esas metas compartidas”.
Esta orden presidencial representa un último esfuerzo para conseguir una vieja promesa de la campaña electoral, la de ofrecer más agua a los granjeros del Valle, que se han sentido marginados durante años por la aplicación de restricciones ambientales que priorizan el uso del agua para el salmón, el Delta smelt y otras especies en peligro de extinción. En agosto pasado, el Ministro del Interior envió un discreto memorándum a sus ayudantes pidiendo un plan de acción que permitiera trasvasar más agua hacia el sur, a través del Delta y hacia las granjas del Valle.
En palabras del Presidente, “lo que ha ocurrido allí es desgraciado”, refiriéndose a la situación hídrica de California. “Se la han llevado. Hay tanta agua, que no saben qué hacer con ella, y la envían al mar. No permiten que el agua discurra hacia el sur y llegue al Valle y las zonas en las que necesitan agua”.
El Presidente estuvo rodeado de cinco congresistas republicanos del Valle Central, a los que atribuyó el honor de haberle puesto en conocimiento de estos temas. En palabras del Presidente, “ellos son los que realmente han liderado esta iniciativa”. Uno de los congresistas manifestó, en una nota de prensa, que “mi primera prioridad ha sido siempre entregar más agua al Valle Central. Esta orden reducirá las dificultades normativas y promoverá unas revisiones ambientales más eficientes de los proyectos de almacenamiento de agua en California, asegurando que los agricultores y los residentes del Valle disponen de un abastecimiento de agua durante las próximas generaciones”. Entre otras cosas, el memorándum ordena a la administración federal que acelere la tramitación de una evaluación que se prolonga desde hace 2 años sobre las normas que rigen el bombeo de agua a través del Delta del Sacramento-San Joaquin – el punto central más frágil medioambientalmente de todo el elaborado sistema de distribución de agua de California.
La insistencia del Presidente en que se apliquen unos calendarios estrictos para completar ese proceso de revisión sugiere que quiere encontrar la manera de bombear más agua a los agricultores del Valle del San Joaquín, a cambio posiblemente de las especies piscícolas en peligro de extinción que surcan las aguas del Delta. En algunas ocasiones, las bombas hidráulicas tienen que detenerse o disminuir su caudal, permitiendo el flujo de agua hacia el océano Pacífico, a fin de evitar que los peces sean succionados por las bombas.
En palabras del subsecretario de Interior, “durante la última década, la gente ha hablado mucho y se han hecho muchas valoraciones del Delta, pero la realidad es que los resultados sobre el terreno, tanto para las personas como para las especies, no han mejorado de forma dramática”. El subsecretario es un antiguo lobbyist para Westlands Water District, una comunidad de regantes del Valle que ha venido defendiendo desde hace tiempo una mayor frecuencia de bombeo. El subsecretario prometió que la administración avanzaría “en una forma que asegure la protección de las especies y la responsabilidad ante las personas”. Cuando fue preguntado por el calendario del memorándum, justo unas semanas antes de las elecciones parciales de noviembre, el subsecretario manifestó que “pienso que la administración ha llegado a un punto en que está lista para tomar una decisión” sobre los temas hídricos.
Los grupos agrícolas han aplaudido la iniciativa del Presidente. Un portavoz de la Family Farm Alliance indicó que “esta actuación es una propuesta importante y de sentido común que beneficiará a los agricultores del oeste y los ganaderos”. Por su parte, los ambientalistas respondieron inmediatamente. Un portavoz del Pacific Coast Federation of Fishermen’s Associations manifestó que el Presidente está tratando de “volar sobre la ciencia” y que su iniciativa hará que las poblaciones piscícolas en peligro de extinción queden indefensas.
El memorándum también iba dirigido a las normativas ambientales aplicables al proyecto de riego de Klamath en Oregon y el proyecto de la cuenca hidrológica del río Columbia en el estado de Washington.
La impresión era que, a primeras horas del pasado viernes, el Presidente se estaba adentrando en una de las mayores guerras del agua existentes, en otras palabras, el plan del Consejo Estatal de Recursos Hídricos para reasignar una mayor porción de los recursos de la cuenca del río San Joaquín a las especies piscícolas, a expensas de los campos y las ciudades. No obstante, la iniciativa del viernes no llegó a alcanzar ese punto. El subsecretario manifestó que la administración federal mantiene su anterior amenaza de denunciar al Estado si continúa con su plan, aunque también indicó que la administración quiere igualmente “participar en el proceso, de una manera que sea aceptable para todas las partes”.
