El contexto regulador es poco favorable, con escasos estímulos normativos y económicos por parte de las autoridades de salud pública y recursos hídricos, junto con una disposición limitada de los propios usuarios para asegurar estrictamente la calidad del agua regenerada, requisito esencial para controlar los posibles riesgos sanitarios y ambientales que el agua regenerada puede comportar (dependientes de la calidad y el régimen de explotación fiable de las ERA). Otro factor determinante del grado de reutilización es el coste que el agua regenerada puede comportar para los usuarios.

Sin duda, la necesidad de agua (la escasez de agua) no ha llegado a ser lo suficientemente intensa (así parece que se interpretan los indicadores de cambio climático) como para tener que explorar esta opción. Por el momento, la opción preferida es la desalinización.

Conviene indicar que California (donde las sequías plurianuales han sido y están siendo intensas) sigue mostrando una gran preferencia por la regeneración avanzada, que es la que se ha adoptado en los grandes proyectos de recuperación de efluentes depurados que se vierten al océano Pacífico.

En definitiva, convendrá resolver la legitimidad del uso de la reutilización de agua, mediante evaluaciones científicas y técnicas bien fundadas, como las que han desarrollado los californianos. Es un proceso muy similar al que han seguido las autoridades del medicamento europeas y norteamericanas para autorizar las vacunas contra la Covid-19.