El diario Bakersfiled Now, con sede en una de las capitales del gran territorio del regadío californiano, ha publicado recientemente un interesante artículo en el que se describe el interés de todos los regantes que se abastecen de agua de pozos por saber la forma en que se van a ir implantando las nuevas normas de explotación de los acuíferos del estado. Los interesados asistieron con gran interés a una sesión de información pública con los reguladores estatales para debatir las etapas establecidas para la implantación de la normativa.
Tras su aprobación en 2014, la Ley sobre la gestión sostenible de las aguas subterráneas, conocida con las siglas SIGMA, estableció una serie de objetivos para la utilización de las aguas subterráneas. En particular, la decisión concreta sobre cuánta agua se puede usar y quién la puede usar habrá de ser decidida por las agencias locales. Todo ello suponiendo que los afectados locales lleguen a alcanzar un acuerdo entre ellos. El primer plazo importante de la normativa se alcanzará en junio de 2017, cuando las comunidades de regantes locales que utilizan aguas subterráneas habrán de haber creado una serie de ámbitos geográficos bajo la tutela de unas agencias de sostenibilidad de las aguas subterráneas. Estas agencias, de carácter independiente pero unificadas, serán responsables de establecer las futuras asignaciones y la vigilancia continua de los recursos subterráneos, tal como los define SIGMA. Si la formación de estas agencias locales incumple este primer plazo operativo, la gestión de los recursos pasará de ser local a depender directamente de la administración del estado, hasta que se llegue a alcanzar una alternativa local satisfactoria para los usuarios.
El resultado final de la entrada en vigor de SIGMA despierta todavía cierta incredulidad. No obstante, a menos que la pluviometría estatal registre mejoras significativas o que se apliquen cambios importantes en la gestión del delta de los ríos Sacramento-San Joaquín, la directora ejecutiva de la Asociación Agrícola del Condado de Kern estima que entre un 20 % y un 30 % de la superficie de regadío del condado habrá de dejarse sin cultivar. “Ese es un dilema enorme para una explotación agrícola, tanto si uno es pequeño como si es grande. Todos hemos de planificar para los próximos 10 años, durante el tiempo en que se implanta y desarrolla SIGMA, lo que representa una enorme preocupación para los agricultores”.
¿Cuáles serán las tierras que deberán abandonarse? ¿Deberán los agricultores plantar más frutales o más cultivos estacionales? Si continúa la sequía, ¿qué nuevas restricciones se aplicarán al uso del agua? En palabras del gestor de programas del Consejo estatal de recursos hídricos, “esos tipos de decisiones, esos tipos de cuestiones se pueden resolver mejor localmente en la mayor parte de los casos”.
Una vez que las agencias locales estén formadas, el siguiente paso será el que cada agencia redacte su plan de sostenibilidad, en el que se especifique cómo se medirá el agua subterránea, cómo se extraerá del suelo y cómo se asignará entre los potenciales usuarios. Este proceso puede generar también cuestiones difíciles de resolver además de diversas dinámicas de poder, a medida que todos los partícipes compitan por unos recursos limitados.
