El portal Chico Enterprise-Record ofrece una interesante noticia sobre las recientes resoluciones jurídicas que afectan al macro-proyecto de construcción de dos grandes túneles, bajo el delta de los ríos Sacramento y San Joaquin, propuestos con el objetivo de mejorar el impacto ambiental de la toma de agua para su trasvase hacia el sur del estado. La decisión judicial del pasado mes de mayo y la clarificación judicial de la penúltima semana de junio han invalidado el Plan Delta debido a que no cumple las leyes aprobadas por el estado en 2009. Una vez que el Plan ha sido invalidado, las cuestiones relativas al cumplimiento del proceso de revisión y auditoría ambiental dejan de ser relevantes, tal como manifiesta el juez Michael Kenny en una resolución de seis páginas.
El proceso de revisión judicial ha sido promovido por una coalición de grupos de protección ambiental, que han criticado enérgicamente el proceso de revisión ambiental del Plan, uno de cuyos elementos principales es la construcción de dos grandes túneles que han despertado una gran controversia social y política. Uno de estos grupos, AquAlliance, ha manifestado su total oposición a la idea de construir esos dos grandes túneles, desde los años en que el estado se planteó la construcción de un canal alrededor del Delta. Este grupo fue uno de los firmantes de la demanda judicial presentada en junio de 2013 contra el Plan Delta. A su vez, la Asociación Estatal de Contratistas también presentó una demanda judicial contra el Plan, indicando las violaciones de la ley californiana de calidad ambiental además de las dudas sobre el respeto a las exigencias de la ley de reforma del Delta.
El pasado mes de mayo, se publicó una sentencia sobre los requisitos estatutarios del Plan Delta, aunque no quedaba claro su significado real. Los abogados de la coalición y de la asociación de contratistas solicitaron una aclaración de la resolución. El jueves 23 de junio se publicó la aclaración de la sentencia: el Plan Delta es inválido. La ley de reforma del Delta requiere el establecimiento de objetivos cuantificables para asegurar una menor dependencia del Delta, unos menores daños ambientales causados por especies invasoras, la restauración de un mayor número de caudales naturales y una mayor fiabilidad del suministro de agua.
En la sentencia judicial, el juez indica que el Plan Delta ofrece unas recomendaciones vagas y no proporciona “un objetivo cuantificado o que pueda medirse” tal como requiere la ley. En cuanto a las cuestiones relativas a la revisión ambiental suscitadas por varios demandantes, el juez indica que dejan de ser aplicables, ya que el Plan debe ser redactado de nuevo. El portavoz del Consejo de Dirección del Delta contempla de decisión del juez de forma muy diferente, indicando que el juez ha invalidad solamente unos pocos aspectos del Plan Delta, basando esta afirmación en que el Plan dictaminado por el juez es el existente en el momento en que se presentaron las demandas en 2013. Desde entonces, el Consejo ha llevado a cabo aportaciones adicionales. El Consejo puede terminar por apelar la sentencia más reciente tratando de recuperar otras partes del Plan, tales como impedir el desarrollo de canales y reservar zonas para la preservación de futuros hábitats.
El Plan Delta ha tardado años en redactarse. El proceso se inició con la aprobación de un grupo de leyes sobre el agua, a finales de 2009. Los objetivos eran mejorar la fiabilidad del abastecimiento de agua a nivel estatal, asegurando la protección del ecosistema deltaico. Antes de su aprobación en 2013, el Plan experimentó ocho revisiones. Originalmente, el Bay Delta Conservation Plan había de ser incorporado en el Plan Delta, sin embargo el BDCP fue posteriormente denominado como el “California Water Fix.”
